Por: Yorik Rafael Piña F.
Presidente de la Fundación Amigos Del Mundo Inc.
I de IV
La batalla contra la pobreza y la delincuencia, a la luz de la realidad, se está perdiendo. En aras de ser positivos, no podemos mentir. Esto es un grito a la conciencia de cada uno de los ciudadanos de América Latina con capacidad para percibir, enjuiciar y razonar. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más delincuentes. Ciertamente, se están tomando algunas medidas; pero no han generado el resultado esperado. ¿Es posible ocultar el sol con un dedo?. Cada día se incrementan los actos antisociales. No nos anima politizar nuestro llamado. No es un problema de tal o cual gobierno o de tal o cual partido. Es un problema del Estado. Es un problema de la sociedad toda. Es un problema que debe encararse con toda la seriedad que amerita, sin colores de ningún tipo. El problema nos afecta a todos por igual.
En 1994 se creó en la República Dominicana, la ley 14-94 o Código Del Menor, por recomendación de las Naciones Unidas, al través de UNICEF. No se percibió una baja notoria de los índices de proclividad al delito por los adolescentes de la época. El 7 de agosto del 2003 se promulga la Ley 136-03 que modifica la 14-94 del 1994. El articulo 340, literales a y b de la nueva ley establece penas mayores para los adolescentes “declarados responsables por sentencia irrevocable por la comisión de los delitos de: homicidio, lesiones físicas permanentes, violación y agresión sexual, robo agravado, secuestro, venta y distribución de drogas narcóticas y las infracciones a la ley penal vigente que sean sancionadas con penas de reclusión mayores de cinco años” y no ha sucedido nada especial por lo que podamos decir que el auge de las conductas parasociales de los adolescentes ha disminuido. El código es una pieza excelente para proteger todos, léase bien, todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Parece que el problema no es el código del menor porque las conductas antisociales van en aumento.
Los jueces y el ministerio público han ido creciendo en cuanto al entendimiento de que los menores de 18 años no reflexionan como adultos de 25 años de edad y más. Cada vez sus sentencias están más acordes con la realidad del adolescente. Cada vez más los jueces y el ministerio público conocen la estructura psicológica del adolescente. Frecuentemente, se logran sentencias más apegadas a la ley que rige la materia. La Suprema Corte De Justicia Y La Procuraduría General De La República hacen grandes esfuerzos por preparar más y mejor a sus subalternos. Parece que el problema no es el ministerio público ni los jueces que aplican el código porque las conductas parasociales van en aumento.
Agradecemos tus comentarios sobre este tema. Valoramos tus ideas y conceptualizaciones, al respecto.